La salud mental como derecho humano de las personas trabajadoras y regulación jurídica

Abstract

En este estudio se aborda un tema social crítico el cual es la salud mental como derecho humano de las personas trabajadoras, a través de éste, se establece la importancia de su prevención, promoción y atención. La metodología de investigación utilizada es la documental, como fuente primaria, se revisaron libros y artículos académicos, científicos y de reflexión, publicados en revistas en línea, esto con el fin de fortalecer el marco teórico, y como fuente secundaria, se analizaron los informes, estrategias y planes mundiales y regionales elaborados por la Organización de las Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, Organización Internacional del Trabajo, Unión Europea, Organización Panamericana de la Salud, Grupo Panamericano de Seguros de Vida (PALIG) además de las estrategias o modelos de aplicación de España y Chile. Se planteó como pregunta: ¿Qué instrumentos jurídicos existen para la prevención, promoción y atención de la salud mental como derecho humano de las personas trabajadoras de algunos países de la región latinoamericana, tales como Chile, México y Nicaragua? El objetivo es identificar los instrumentos internacionales claves para el reconocimiento de la salud mental como un derecho humano de las personas trabajadoras, así como el uso del derecho comparado para el reconocimiento y tutela de esta, en los países donde aún no se implementan. Entre los resultados se obtuvo que la salud mental es considerada un derecho humano de las personas trabajadoras; en el caso de Chile, Nicaragua y México, tienen contemplado dentro de sus leyes sobre salud, el derecho a la salud mental, pero no todos tienen una ley especial sobre la salud mental de las personas trabajadoras; que existen estrategias y planes mundiales para su prevención, promoción y atención; entre otras proyecciones, se estima que para el 2030 el 80% de los países establezcan políticas y leyes en materia de salud mental, en concordancia con los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos; a pesar de lo anterior, se encontró que en la región latinoamericana aún se requieren de compromisos y esfuerzos para la tutela efectiva de este derecho; garantizar este derecho requiere de la intervención de diferentes sectores de la sociedad, principalmente del Estado, de las organizaciones empresariales y de las personas trabajadoras.